Opiniones de los Grupos Parlamentarios

ORDEN DEL DIA:

Comparecencias:

--De la Directora Gerente de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, doña Giovanna Tagliavía López, para que informe sobre la problemática en materia de seguridad que padece el sector, a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (Número de expediente 715/000210).

--Del Director del Servicio Catalán de Tráfico de la Generalidad de Cataluña, don Joan Delort i Menal, para que informe sobre el proceso de asunción de competencias en materia de policía de tráfico por parte del cuerpo de los Mossos d'Esquadra en la Comunidad Autónoma de Cataluña, a petición del Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió. (Número de expediente 713/000541).

Debate y votación de las siguientes mociones:

--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a elaborar un convenio entre el Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) que permita actualizar, completar y modernizar los equipos de control y regulación de tráfico de dicha ciudad. (Número de expediente 661/000156).

--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a publicar los anuncios que contrata en los medios de comunicación en la lengua en la que se expresen dichos medios cuando ésta sea distinta del castellano y se trate de una lengua oficial.
(Número de expediente 661/000196).

Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

COMPARECENCIAS:

--DE LA DIRECTORA GERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS, DOÑA GIOVANNA TAGLIAVIA LOPEZ, PARA QUE INFORME SOBRE LA PROBLEMATICA EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE PADECE EL SECTOR, A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO (715/000210).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Buenas tardes señoras y señores Senadores. Buenas tardes, señora compareciente.
El primer punto en el orden del día que la cortesía impone es dar la bienvenida y expresar nuestro agradecimiento a doña Giovanna Tagliavía López, Directora Gerente de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros que, a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, comparece hoy para exponer la problemática de la asociación que dirige.
Antes de darle la palabra y reiterarle nuestro agradecimiento, debemos proceder, si se considera oportuno, a la aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada por esta Comisión el pasado 25 de abril. Ya ha sido distribuido el borrador a los señoras y señores portavoces y, si no hay objeciones, podemos considerarlo aprobado. (Pausa.) Si es así, pasamos a dar la palabra a la señora Tagliavía para que exponga la problemática del sector. Gracias.

La señora DIRECTORA GERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (Tagliavía López): Buenas tardes, señorías.
Quiero agradecer al Presidente de la Comisión y a sus señorías la atención que nos prestan hoy en el tratamiento de lo que nosotros hemos denominado «delincuencia profesionalizada dirigida a la actividad empresarial».
Es un placer comparecer ante ustedes con la voz de quienes represento pero, sobre todo, es una auténtica necesidad para la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, como única organización representante de este sector empresarial en el Estado español, dar testimonio ante esta Comisión de cuanto está aconteciendo, porque en mayor grado que en otras instituciones, junto al Congreso de los Diputados, a sus señorías les corresponde la función de legislar.
La mejor manera de proceder es aproximarles al tejido industrial y comercial del sector en líneas generales para analizar el tema que nos ocupa: la delincuencia que específicamente padecen nuestros empresarios, nuestros profesionales y nuestros trabajadores.
El sector, compuesto por empresas de naturaleza mediana y pequeña, está integrado por unas 20.000 empresas. Unas 700 conforman la industria mayor, con unos 2.000 talleres. Aproximadamente, disponemos de 1.500 mayoristas y el resto forma parte del comercio menor; esto es, unos 16.000 puntos de venta.
El empleo generado por el sector es de 150.000 puestos de trabajo directos y unos 200.000 indirectos; empleo que, gracias al tamaño de nuestras empresas, se ha mantenido en épocas de crisis y ciclos económicos de recesión. Igualmente, puedo indicarles que, en virtud de las funciones que realizamos en materia de exportación con el Instituto de Comercio Exterior Español, la cifra de exportación en el 2001 fue de 44.623 millones de pesetas y la de importación de 35. 523 millones de pesetas , excluyendo la relojería en cuanto que España es principalmente importadora.
Quisiera significarles el esfuerzo que hemos realizado en los últimos siete años para lograr que el saldo en nuestra balanza comercial fuera favorable y que --como podrán observar a continuación-- superamos en pérdidas económicas, como consecuencia de la delincuencia, más del 10 por ciento de nuestro esfuerzo exportador.
Aunque estoy convencida de que sus señorías atienden a la verdadera dimensión del sector, permítanme --pues tengo la experiencia de acudir durante muchos años a distintas instituciones-- que sea yo quien destaque que existe una cierta sensibilidad por nuestra parte en ser observados con perspectiva macroeconómica y, por tanto, no con la dimensión real que creemos tener y que junto con otros sectores de igual o similar naturaleza a la nuestra, es decir, la pequeña y mediana empresa, conformamos en España y en Europa del 70 al 80 por ciento de la economía de los países.
Hasta ahora he comentado fríos datos económicos de visualización de un sector muy desconocido para gran parte de la sociedad y de los poderes públicos; de un sector muy regulado administrativamente por el producto que fabrica y comercializa. Pero somos un sector como cualquier otro, cuyos costos financieros son superiores en general, al tratarse su materia prima de metales y piedras preciosas.
La delincuencia ha provocado en este sector pérdidas personales, algunos fallecidos, bastantes más lesionados, pero precisamente por el valor intrínseco de nuestro producto ha sido objetivo especial de los delincuentes, implicando auténticas ruinas económicas; volver a empezar; sin cobertura de seguro o pagando primas que han crecido en un 80 por ciento; o, en el peor de los casos, el cierre de la empresa con una ruina absoluta.
Delitos contra la propiedad. Este es el tema en el que centro esta intervención porque nadie duda de que la cualificación de los mismos siempre será inferior a aquellos actos que atentan contra bienes jurídicos de mayor protección, como la vida, pero no deben ser contemplados ni siquiera en la conciencia de la sociedad y de sus instituciones como delitos menores porque son aquellos que afectan al desarrollo de las vidas de los ciudadanos. Cuando se atenta contra la propiedad ajena hay consecuencias jurídicas y no puede hacerse en la práctica con total impunidad, porque no se llevan sólo cosas materiales sino que atentan contra el esfuerzo, contra los años vividos y trabajados, y algo que es tan evidente a veces hay que recordarlo.
Y siguiendo con este lenguaje numérico, las pérdidas económicas como consecuencia de la delincuencia en el

período de 1994 a 1999 han sido de 9.604 millones 415.202 pesetas; hablamos además en cifras en valor de costo; en el año 2001 hemos padecido aproximadamente 3.200 actos delictivos. En el año 2000 la cifra fue de 2.845 millones 444.290 pesetas, mientras que en 2001 fue exactamente el doble, 5.378 millones 38.830 pesetas.
Pongo de relevancia que, a pesar de nuestras numerosas entrevistas y propuestas con las instituciones, la cifra de 2001 duplica como hemos visto la de 2000, lo que ya presumíamos ocurriría, por lo que esta Asociación se vio obligada con absoluto desamparo a convocar un cierre de empresas de joyería de toda España el 20 de julio de 2000, con objeto de reclamar la atención de los poderes públicos.
En cuanto a la situación en otros países de nuestro entorno europeo he de decir que también están afectados por este fenómeno. No nos compete a nosotros analizar los motivos de este hecho, y si bien el sector en estos países no tiene cuantificadas las pérdidas económicas, sí nos han hecho llegar su inquietud en cuanto que les está sucediendo lo mismo que a nosotros, a un nivel inferior a excepción de Francia. Pero al efecto de facilitarles algunos datos proporcionados por nuestros colegas europeos, puedo indicarles que como consecuencia de la delincuencia dirigida al sector de la joyería, las primas de los seguros han subido en Francia entre un 140 y un 150 por ciento; le sigue España, con un incremento del 85 al 115 por ciento; y aunque pensábamos que Italia superaría a España no es así, a las primas italianas se les ha aplicado una subida del 60 al 70 por ciento; a Alemania entre un 50 y 55 por ciento y a Suiza entre un 40 y un 50 por ciento.
Las pérdidas económicas justifican el abandono masivo de reaseguradores y compañías en Francia, España e Italia, y el sector se ve obligado a trabajar con primas altísimas o sin cobertura.
Por ello, con total respeto a sus señorías, estoy segura de que podrán perdonarme si manifiesto que hoy acudimos ante ustedes entre la confianza y el escepticismo; confianza porque mi más sincero deseo sería que esta comparecencia sirviera para instar un debate que promoviera soluciones efectivas de carácter legislativo, medidas políticas y normativas aplicables con eficacia. Y he dicho también escepticismo, porque entiendo comprenderán el largo camino que este sector viene recorriendo durante años ante las instituciones.
Reproduciré con la voz literal de quienes represento que de cada 100 pesetas que les roban, 50 a 60 son tributos --estatales, municipales o bien tasas--. Por tanto, el tema trasciende al Estado y al conjunto de la sociedad. Y aunque comparezco fundamentalmente como Directora de la Sociedad Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, esa voz literal corresponde también a la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, a la Organización Empresarial Española de Peletería, a la Federación Nacional de Perfumistas y Drogueros de España, a la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, a la Confederación Española de Estaciones de Servicio y a la Confederación Española de Administraciones de Lotería; estas organizaciones nos han solicitado que hoy las mencionáramos ante ustedes. A efectos formales disponemos de su autorización escrita, si así es requerida por el Presidente de la Comisión. La dimensión numérica es, por supuesto, mucho más significativa. Hablamos ya de 75.000 empresas y de más de 450.000 puestos de trabajo.
Si les he podido facilitar cifras del sector de joyería, a título de ejemplo permítanme que haga referencia al de la Peletería, que arroja pérdidas de más de 1.650 millones de pesetas, o al de Estancos, que padece unos 3.000 robos anuales. Sus señorías pueden empezar a imaginar la suma de pérdidas si unimos a los sectores que tienen esta problemática.
Anteriormente he indicado que de cada 100 pesetas robadas, 50 ó 60 corresponden a tributos y, por tanto, el problema afecta al Estado o a la sociedad en su conjunto. Resulta evidente la pérdida económica del propio Estado y el costo social que implicaría el desempleo por esta causa. Pero permítanme que exponga un ejemplo sobre un supuesto de hecho que recientemente me han comentado.
El fenómeno de la piratería en CDs ha generado la quiebra de cierta productora discográfica y el despido de un número más que significativo de trabajadores; es decir, pequeños actos delictivos individualmente conforman una coyuntura que afecta al cierre de grandes empresas y nos preguntamos si empresas más pequeñas van a poder soportar esta situación.
Hay ya un debate público, político y mediático sobre la situación de inseguridad en España. Tal vez hoy podamos aportar algo más de lo ya dicho.
El problema de extranjería se aborda en todos los debates y nos gustaría diferenciar claramente el fenómeno migratorio del fenómeno delictivo perpetrado por extranjeros. Si hay mentes abiertas son las de empresarios que trabajan en todo el mundo o cuya clientela procede de distintos países, porque el contacto aproxima culturas. Pero resulta evidente que, según fuentes policiales, el 50 por ciento de los detenidos son extranjeros, principalmente colombianos y ciudadanos procedentes de los países del este de Europa.
Y al igual que los ciudadanos que han acudido a España para aportar su trabajo, su conocimiento, sus inversiones bajo la aplicación de la Ley de Extranjería, llegan a España quienes vienen a delinquir. Y hay un aspecto muy importante a resaltar en este tema: incorporan al hecho delictivo una cultura violenta en la forma de perpetrarlo porque traen su cultura en la forma de cometer el delito --y siempre hablo de delincuentes--. Todo ello trasciende a la sociedad, tiene un costo social y naturalmente económico.
Estos temas ya los hemos expuesto al Ministerio del Interior, al Ministro de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. Nuestra impresión tras estas reuniones es la necesidad de una coordinación mayor entre las mismas; el establecimiento de una política horizontal y las reformas legislativas pertinentes que provoquen la única medida importante.
Los delitos contra la propiedad de estas características deben resolverse con prisión provisional, con el juicio más rápido y el cumplimiento de la pena privativa de libertad, si es el caso, aunque tal pena sea de un año, porque normalmente, ante delitos que conlleven esta pena, se decreta

libertad provisional. Sólo hay una medida que merece expresarse, que la prisión sea efectiva, real, cuando se produzca la comisión de un delito contra la propiedad de estas características; si hay una pena tipificada de prisión, que ésta se cumpla, que no haya libertad provisional sea quien sea el delincuente, español o extranjero, comunitario o de un país tercero, y si se trata de un extranjero, que se produzca el internamiento en los centros de internamiento para extranjeros con objeto de proceder a su expulsión, para evitar otro delito.
Para llegar a esta medida, apartar de la sociedad a quienes la ponen en peligro, son diversas las reformas legislativas que entendemos deben realizarse. Este sector, tras analizar las situaciones y después de muchas conversaciones con distintas instituciones, sugiere ciertas propuestas, siempre matizando y diferenciando los tipos de delito. Porque puede que la pena sea de prisión de un año, común a diversos tipos, pero por las características del delito algunos provocan un peligro social y otros no. Es evidente que, siendo la Ley igual para todos, los matices derivan de la tipología de las conductas delictivas. No repercute igual en la sociedad, por citar un ejemplo, un delito de matrimonio ilegal, aunque sea punible, que el fenómeno que estamos tratando. Insisto en que sea el legislador quien matice estos tipos porque la interpretación de la Ley finalmente queda en manos de miles de personas que deben aplicarla y una ausencia de homogeneidad en su aplicación implica injusticias.
Entre estas propuestas destacamos las siguientes: reforma del Código Penal en diversos puntos. Hasta ahora, no se contempla la reiteración o multirreiteración sino la reincidencia, y ésta se produce cuando hay sentencia condenatoria. Por tanto, pasarán cuatro años aproximadamente hasta que haya una sentencia.
Señorías, hay personas detenidas más de 1.083 veces sin que hayan pisado la cárcel; es el ejemplo real más escandaloso que se me ocurre mencionar, y entiendo que la presunción de inocencia no es contraria al sentido común. Es preciso que en los delitos contra la propiedad que están ocasionando estos perjuicios y esta alarma, un número lógico de imputaciones en un lógico período de tiempo tenga como consecuencia el internamiento de los imputados. Propondríamos a sus señorías que analizaran en concreto el número de dos imputaciones, o quizá un número mayor, si lo consideran oportuno, en los dos últimos años para el internamiento del imputado.
Otra de las reformas sería hablar de la reiterada conducta delictiva de quienes cometen sólo faltas para evitar así la prisión provisional. Esta es otra cuestión a analizar. Creemos que la comisión de tres faltas debe convertirse en delito si se produce en el período de los dos últimos años.
Continuando con el Código Penal, añadiríamos al artículo 240 un nuevo párrafo: El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a tres años --así menciona el artículo 240--.
La pena se impondrá en su mitad superior --y ésta es nuestra sugerencia-- cuando el delincuente llevare armas, objetos peligrosos u objetos tendentes a la comisión del delito, o cuando el hecho se cometa por la actuación conjunta de tres o más personas.
Tengan en cuenta que en la actualidad, a plena luz del día, los delincuentes acuden al establecimiento de joyería con mazos y se dedican a golpear los escaparates con ellos para sustraer la mercancía, y que igualmente existen en numerosas ocasiones asociaciones de personas --no necesariamente asociaciones permanentes sino también transitorias-- para la comisión del delito.
Añadiríamos al artículo 241 del Código Penal un nuevo párrafo: la pena de prisión de dos a cinco años cuando el robo se cometa contra oficina o establecimiento bancario, recaudatorio o establecimiento mercantil para sustraer los caudales u objetos de especial valor económico que en ellos se encontrare. Y solicitaríamos, igualmente, que en el párrafo uno del artículo 241 se incorpore, junto a la expresión «local abierto al público» el de «establecimiento mercantil», para que la punición sea la misma cuando el delincuente perpetre el delito en horas no abiertas al público sino a cualquier hora.
En términos parecidos a los siguientes, sugerimos que añadan un artículo 242 bis. La mera asociación, aun transitoria, de tres o más personas para cometer el delito de robo se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 516.2º del Código Penal. Tal artículo establece una pena de prisión de seis a doce años para los integrantes de las citadas asociaciones.
Señorías, es frecuente en la actuación, especialmente de delincuentes colombianos o precedentes de países del Este, estas clases de asociaciones, incluso transitorias, que han llegado a retener a empleados o miembros de la familia del joyero con el fin de proceder a la apertura del establecimiento y llevarse todo el patrimonio invertido en la empresa, a lo que hay que añadir las secuelas psicológicas que han dejado en sus víctimas.
Una vez analizadas nuestras sugerencias respecto al Código Penal, entendemos que tiene que haber una revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los capítulos dedicados a la prisión y libertad provisional, de forma clara y taxativa debe contemplarse la prisión provisional en esta clase de delitos contra propiedad.
En cuanto a la «ley de extranjería», en los ciudadanos extranjeros que incluso tuvieran residencia y su situación fuera legal en España, si se diera el caso de la reiteración delictiva, se sugiere se sustituya la pena privativa de libertad por la expulsión del país, pero previamente internados en el centro de internamiento para extranjeros, cuyo carácter es administrativo y no penitenciario. La policía oficiaría al juzgado correspondiente la petición de expulsión y sugerimos que, en el plazo de diez días, según resolución, se proceda a la expulsión.
En los supuestos de asociaciones ilícitas para delinquir a modo de bandas organizadas se plantea el estudio por sus señorías sobre la opción de expulsión o el internamiento penitenciario.
En definitiva, y dado el escaso tiempo de que dispongo para profundizar más en estas sugerencias, señalaría que es esencial tener en cuenta, en los casos de menores de edad, la necesidad de que existan más centros y más órdenes de internamiento cuando la conducta delictiva es reiterada.
La permanencia en el conjunto de la sociedad normalizada,

sin corrección, para su posible reinserción social, no es, a la vista de los hechos, un correctivo a su conducta y tampoco garantiza a la sociedad la ausencia de peligrosidad.
Antes de terminar, quisiera señalar que hay numerosas disposiciones en leyes especiales que pueden ayudar en esta materia. Es el caso de la Ley de Metales Preciosos, que expresamente dedica artículos a las casas de compraventa o a los Montes de Piedad, de tal manera que podamos evitar que un delincuente utilice a estas entidades para su provecho, al igual que podríamos proceder a la devolución de la mercancía si se aprobaran nuevos sistemas de marcaje acordes con los avances científicos que permitan la legibilidad de las marcas identificativas del fabricante o importador. Porque, señorías, además de no recuperar la mercancía, porque suele salir del país por los medios más normales, como mensajería o correo, cuando se recupera algo no siempre se puede devolver porque no son legibles las marcas que legalmente se incorporan a las piezas, si es que no se han fundido.
Señorías, finalmente, no me cabe duda de que tal vez sirvan de poco las reformas si no se dota a la policía, judicatura, fiscalía y demás organismos relacionados con esta materia de los instrumentos no sólo normativos, sino técnicos y presupuestarios para invertir en una sociedad más justa y más segura, donde los derechos de los ciudadanos puedan ejercerse de verdad y no sólo en teoría, donde se pueda desempeñar el ejercicio libre de una profesión o ir simplemente tranquilo por la vía pública.
En definitiva, corresponde al Estado preguntarse si merece la pena una inversión --que no es lo mismo que un gasto-- para evitar que, en un plazo no muy lejano de tiempo, España se convierta en un país donde delinquir sea algo normalizado, donde no haya inversiones privadas por el problema de inseguridad, o donde el Estado se enfrente a un costo social demasiado grave, con un desempleo añadido como consecuencia exclusiva de este problema.
Como sector y como ciudadanos, si no pagáramos nuestros impuestos nuestra conducta tendría consecuencias jurídicas.
Por todo lo expuesto, apelamos a ustedes, como integrantes de esta institución, para que acuerden, entre todas las fuerzas políticas, dar prioridad a este problema y adoptar cuantas medidas sean precisas para abordarlo, limitarlo y minimizarlo.
Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tagliavía.

Entramos en el turno de portavoces. Como es habitual, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del grupo solicitante de la comparecencia, Senador Xuclà.

El señor XUCL I COSTA: Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias también, señora Tagliavía, por su intervención, concentrada y estructurada, con una gran cantidad de datos y de elementos no sólo para reflexión de esta Comisión y de las Cámaras legislativas, sino también para sacar conclusiones y algunas medidas de carácter legislativo o directamente en el ámbito del Ejecutivo.
Durante los últimos meses, incluso durante el último año, y no por casualidad, el tema de la seguridad ciudadana ha entrado en la primera línea del debate político y, lo que es más importante, de las preocupaciones de los ciudadanos.
En los debates que tenemos en esta Comisión o en Pleno, a veces nos preguntamos objetivamente --y hay datos para objetivar esta pregunta-- si existen elementos para afirmar que hay más inseguridad ciudadana ahora que hace unos años. Me parece que la respuesta debe ser matizada, pues depende del sector y, evidentemente, en el caso de las joyerías y los joyeros, de los relojeros y de los plateros se ha producido un recrudecimiento en la inseguridad ciudadana en la violencia y en las formas de practicar actos delictivos que la señora compareciente ha descrito con todo lujo de detalles: pérdidas económicas, cierres de negocios y, en algunos casos, pérdida incluso de vidas humanas.
En este sentido, se ha pasado de los robos a punta de pistola de hace unos años incluso a algunos casos de secuestros, de los cuales personalmente --aunque es irrelevante-- tengo algún conocimiento.
Esto nos plantea un panorama nuevo y una serie de propuestas que nos ha hecho la señora compareciente y de las cuales todos los grupos tendríamos que tomar nota en la línea de lo que ha apuntado al final de su intervención, desde un espíritu de trabajo, de consenso entre todos los grupos parlamentarios, sin la voluntad de utilizar de forma partidista una materia tan importante como es la inseguridad ciudadana.
Les quiero destacar que la semana pasada, en el Parlamento de Cataluña, se acordó entre todos los grupos un pacto político para no tratar de forma partidista el tema de la inseguridad ciudadana. Me parece que el espíritu de este pacto debería ser trasladable a las Cortes Generales.
Querría destacar también un aspecto importante que me parece ha apuntado la señora Tagliavía cuando ha intentado separar la falsa ecuación que últimamente se está planteando entre inmigración y delincuencia. Me parece que ésta es una máxima muy peligrosa que últimamente se ha repetido. Hace dos semanas en el Pleno mantuvimos un debate sobre este tema y me parece que la ecuación exacta sería delincuencia igual a marginación. En todo caso, tenemos que estudiar qué sectores, qué personas, no qué etnias, no qué nacionalidades, no qué grupos, no qué extranjeros, sino qué personas están marginadas e intentar combatir y erradicar estas bolsas de marginación.
Hay otros aspectos que ha apuntado la señora compareciente con los cuales personalmente no estoy de acuerdo, concretamente uno referido a una eventual reforma de la «ley de extranjería». Discrepo de esta propuesta alternativa de expulsión en vez de cumplimiento de la pena impuesta, por una cuestión de derechos individuales. También me parece muy valiente, y todos los grupos lo tenemos que plantear, el tema de la multirreincidencia. Desde el punto de vista de la teoría del Derecho Penal, la multirreincidencia es una barbaridad conceptual. En teoría, una vez cumplida la pena, el expediente del penado vuelve a ponerse a cero; no se puede hablar de multirreincidencia,

ni se puede establecer un cuadro sancionador teniendo presente la multirreincidencia. Esta es la teoría, pero la realidad choca frontalmente con este hecho, motivo por el cual en el ámbito delictivo que nos ha descrito la señora compareciente y en otros ámbitos sería interesante estudiar la multirreincidencia desde la perspectiva de una eventual reforma del cuadro de sanciones del Código Penal.
Querría finalizar planteando algunas preguntas concretas a la señora compareciente y haciendo algunas reflexiones. Ha mencionado una larga lista de entrevistas con distintas instituciones, con distintas personas.
Me gustaría conocer el resultado de las reuniones más destacadas que se han producido con responsables del ámbito ejecutivo.
También le quería preguntar qué medidas propondría para una mayor coordinación entre todas las instituciones competentes en esta materia, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre la Administración General del Estado, entre las administraciones autonómicas, entre la administración local y entre los cuerpos de seguridad autonómicos.
Asimismo me gustaría conocer qué porcentaje de empresas se han visto obligadas a cerrar como consecuencia de este problema; si tiene datos sobre las situaciones extremas en las cuales los seguros no son suficientes para hacer frente a estos robos y reiniciar el negocio.
Ha destacado la señora compareciente la facilidad con la cual las mercancías pueden salir del país. ¿Qué medidas cree que se deberían adoptar para recuperar parte de estas mercancías? Este es un asunto difícil. La aleación de los metales es el mecanismo más habitual y más rápido para hacer desaparecer cualquier tipo de rastro de lo robado. ¿Qué medidas cree que se podrían adoptar para recuperar estas mercancías? En ese sentido, quiero mencionar un aspecto muy concreto, y es que usted ha hecho referencia a una ley que, en mi opinión, está absolutamente obsoleta, la Ley de Montes de Piedad. Quizás algún día esta Comisión y las Cortes Generales tendrían que revisarla. Me gustaría que hiciera alguna referencia a los aspectos más desbordados por la actualidad y por la dinámica del comercio de la Ley de Montes de Piedad.
Ha hecho también referencia a las compañías aseguradoras y a algunas empresas que no pueden hacer frente a la cobertura de los seguros. ¿Qué porcentaje del sector en estos momentos --ya sé que es un a pregunta incómoda para usted-- se mueve sin cobertura de seguro? Finalmente, una pregunta referida a un aspecto muy concreto, pero que ha sido un clásico en la función de control al Legislativo por parte de este Senador durante estos dos últimos años, y es el intento de incorporar el sistema láser como alternativa o como complemento del sistema del punzón para una mayor seguridad jurídica en las piezas de joyería, relojería y de metales preciosos. Tengo una respuesta del Gobierno del día 24 de abril, como un regalo de un día después de San Jordi, en la cual apunta, en el capítulo de las desventajas, que esta técnica resultaría demasiado cara para algunos fabricantes. Sin duda el sistema láser es un sistema más moderno, más avanzado, es el que se aplica en la mayoría de Estados de la Unión Europea; el punzón es un sistema --como sabe la señora compareciente y sus señorías-- de más fácil falsificación. Aun así --y no sé exactamente por qué, ya que la respuesta del Gobierno es una respuesta ponderada, con puntos a favor y puntos en contra--, no ha habido manera de introducir, como complemento y no como sustitución, el sistema del láser frente al sistema del punzón. ¿Cuál es la opinión de la señora compareciente al respecto? Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Xuclà.
Tiene la palabra la señora compareciente.

La señora DIRECTORA GERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (Tagliavía López): Espero contestar en la medida de lo posible. Acepto su desacuerdo en cuanto a proceder a la expulsión en lugar de al cumplimiento de la pena. Comprenderán sus señorías que nosotros no somos ni policías, ni fiscales, ni legisladores. Las conclusiones que nos van dando en distintas entrevistas nos indican como hecho objetivo que cuando se cumple la pena, desciende la delincuencia.
Se produce un efecto dominó si no se cumple la pena. Cuando se expulsa del país a quien mantiene una conducta reiteradamente delictiva, se produce otra vez ese efecto dominó y dejan de cometerse los delitos. Por lo tanto, es una sugerencia que de alguna manera procede de la confianza que tenemos que tener en la policía cuando nos plantea esta cuestión, que debe ser objeto de análisis por parte de sus señorías.
Me ha preguntado cuál ha sido el resultado de las gestiones realizadas con las instituciones. Como respuesta general le tengo que decir que, a la vista de los resultados, ninguna, porque si se duplican en el año 2001 las pérdidas económicas como consecuencia de la delincuencia, no ha habido solución. Si ustedes desean una respuesta más detallada, no tengo ningún problema en establecer que hemos mantenido numerosas reuniones con la Dirección General de la Policía y con los representantes con quienes periódicamente nos reunimos para estudiar las estadísticas, los actos delictivos, la tipología del delincuente, la forma de cometer el delito, así como aquellas otras medidas que entendemos que son necesarias conforme se van produciendo los hechos. Me es muy difícil criticar a los efectivos de la policía porque estoy convencida de que ellos hacen lo que pueden, pero en la fase de investigación y persecución del delincuente quizá requieran más efectivos o mayor dotación, al margen de que ellos suelen indicar también que necesitan reformas legislativas.
En cuanto a la entrevista que mantuvimos con el Ministro de Justicia
--recuerdo perfectamente la fecha porque empezaba el período vacacional-- el 1º de agosto el año 2000, le entregamos un informe con propuestas parecidas a las que hemos sugerido hoy, quizá menos amplio porque respondía a unos supuestos diferenciados, ya que a medida que avanzamos en el tiempo los supuestos de hecho van cambiando, y acogió favorablemente tal informe para el estudio de la entonces recién constituida comisión de revisión del sistema de penas. Parece ser que los juicios rápidos van a ver la luz y ése es el resultado de aquella gestión.

Con el Consejo General del Poder Judicial, hablé con el vocal, señor Moscoso, en materia de seguridad. Al margen de que comprendió perfectamente nuestra situación, se comprometió personalmente, con los medios habituales de comunicación entre el órgano de gobierno de los jueces y la judicatura, a sensibilizarles sobre esta situación.
Finalmente estuvimos con un representante del Fiscal General del Estado, quien nos indicó que si nosotros entendíamos que en algún expediente algún fiscal se había apartado del principio de legalidad estaría a nuestra disposición para adoptar las actuaciones pertinentes. Como ustedes comprenderán, señorías, el trabajo de investigar miles de expedientes por parte de una asociación es imposible.
Ese es el resultado esencial de las gestiones, más lo que conocen ustedes porque les hemos entregado informes sobre la situación en años anteriores. Creo que con esto contesto de forma detallada sobre el resultado de las gestiones con las instituciones.
En cuanto a las medidas para lograr la coordinación he de señalar que estoy segura de que ustedes sabrán mucho mejor que yo cuál sería la fórmula jurídica o política de actuación. Como ciudadana de la calle, y viendo que no hay coordinación, a mí se me ocurre que se constituyan comisiones provinciales o autonómicas --si es que no están constituidas-- o que se relancen. Estamos hablando de delincuencia organizada contra un determinado sector, dirigida contra la actividad empresarial, sin perjuicio de que posteriormente puedan dirigirse a otros sectores de la ciudadanía. En cualquier caso, hay datos relevantes que tendrían que estar coordinados entre fiscalía, judicatura y policía y, por supuesto, con la presencia de un representante de los sectores afectados, sean éstos cuales sean, porque solamente los sectores afectados sabemos exactamente cómo son los supuestos de hecho. Es decir, nosotros hemos comprobado que las instituciones no conocen bien los supuestos y, sin embargo, nosotros los vivimos. Además de estas comisiones de ámbito territorial, sería aconsejable la existencia de una comisión a nivel de todo el Estado español; entiendo que actualmente hay medios informáticos suficientes para recoger los datos relevantes y poder poner fin a esta situación.
Por otra parte, el porcentaje de empresas obligadas a cerrar lo estimamos en un 18 por ciento, en cuanto a los establecimientos comerciales. Por el momento, creo que las fábricas no se han visto afectadas, salvo en el caso de una que cerró la semana pasada.
Me ha preguntado qué situación vivimos en cuanto a los seguros y no tengo ningún problema en decirle que aproximadamente un 2,5 por ciento del sector está sin cobertura de seguro. Entre sus actividades, esta asociación se tiene que volver auténticamente loca para lograr cobertura para aquellas empresas que han sido objeto de un delito y, gracias a eso, solamente hay un 2,5 por ciento del sector sin seguro.
Basándome en las conclusiones de la investigación policial, puedo decirle que yo plantearía la posibilidad de dotar de escáner a los aeropuertos, o de un mayor control para lograr la recuperación de las mercancías que salen por correo o por paquetería. Un escáner es capaz de detectar piezas de joyería, esté fundida o no y, por tanto, ésta se puede retener momentáneamente hasta comprobar que el remitente es un joyero o un fabricante de joyería establecido, pero habría que comprobarlo porque de otra manera cualquier persona puede enviar joyas a Holanda, que después se desvían a un país tercero.
Sé que la ley sobre los montes de piedad es obsoleta y, además, he observado que, incluso ante una orden judicial, el director de un monte de piedad ha dicho que si alguien quería esa pieza tenía que pagar por ella, aunque fuese propiedad de quien la reclamaba.
Me he permitido hablar del reglamento de metales preciosos porque, si no recuerdo mal, el párrafo segundo del artículo 90 hace referencia a los montes de piedad y a las casas de compra-venta. La coherencia me haría pensar que mientras el objeto esté en prenda y no se enajene no pasará nada, pero por el momento se enajena simplemente con la presentación de un documento nacional de identidad, y aunque me consta que los montes de piedad de algunas ciudades del Estado están colaborando mucho con la policía, hay que establecer una normativa, hay que reglamentar un plazo lógico --quizá de un mes--, para que no se enajene la pieza hasta comprobar si ha sido denunciado un delito de robo, por ejemplo.
Finalmente, me hablaba usted del sistema de láser y de la respuesta del Gobierno. Nosotros no hemos planteado sólo la práctica del láser para punzonar la mercancía, hemos planteado cualquier técnica acorde con los avances científicos, que es lo que señala la ley de objetos fabricados con metales preciosos. Sinceramente, estoy algo perpleja por la respuesta del Gobierno en cuanto a que sería muy caro para los fabricantes, porque precisamente yo estoy aquí representando a los fabricantes y, aunque es cierto que habrá fabricantes que no podrán costearse ese sistema, habrá otros que sí. En cualquier caso, una norma no puede limitar el avance científico y si la preocupación del Gobierno es, por ejemplo, la de las falsificaciones en las marcas, me temo que hoy en día todo es falsificable, pero es más difícil falsificar una técnica cara que un punzón. Un punzón puede costar hacerlo 11.000 pesetas, mientras que implantar la técnica del láser o cualquier otra podría costar alrededor de cinco millones de pesetas. Es cierto que hay fábricas que lo pueden hacer, pero no solamente es una cuestión que ayuda a la recuperación de la mercancía sino también a la modernización del sector. Como ejemplo les puedo citar que la Ertzaintza de Tolosa me llamó para devolvernos piezas de joyería y no hemos podido entregarlas a sus legítimos propietarios porque no se pudo leer la marca del fabricante con el sistema del punzonado. Tampoco estoy diciendo que el punzonado no sea válido, lo que estamos planteando es que se permitan distintas técnicas.
Si he olvidado responder alguna de sus preguntas, le agradecería a su señoría que me lo indicara.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tagliavía.
Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Tagliavía por su extensa exposición, así como por alguna de las respuestas que ha facilitado al peticionario de la comparecencia.
Tengo que manifestar mi preocupación por los datos que nos ha proporcionado, sobre todo los que se refieren a que las pérdidas del año 2001 han doblado a las del año 2000 por robos en los establecimientos.
Parece que esos datos demuestran que existe una mayor inseguridad o unos métodos o unas asociaciones mejor montadas, entre comillas, para cometer estos delitos y quería preguntarle precisamente por esta cuestión.
Asimismo, me gustaría conocer si las pérdidas que se han producido en ese sector se han producido también en otros sectores afines, por ejemplo, el de las obras de arte e incluso sectores que a veces se confunden
--permítame mi desconocimiento-- con el propio sector al que usted representa. En este sentido, es frecuente que en joyerías y platerías haya artículos relacionados con el arte de orfebrería o artículos religiosos auténticamente artísticos o incluso antigüedades y, desde mi punto de vista, se mezclan dos tipos de establecimientos que creo que, en principio, son diferentes, aunque a veces coincidan a la hora de expender o de comprar determinados artículos que tienen un marchamo de antigüedad.
Por tanto, quería preguntarle si en este tipo de establecimientos afines también se ha producido un parecido desarrollo de la delincuencia y un parecido perjuicio para aquellas personas que desarrollan esta actividad mercantil.
Creo que todos coincidimos en que cuando hablamos de delincuencia e inmigración no estamos planteando que lo uno sea consecuencia de lo otro.
Sin embargo, he creído entender que hay personas que vienen a delinquir y, por tanto, a la hora de examinar las reformas que usted propone habrá que tener muy en cuenta que no estamos pensando en aquellos inmigrantes que, por razones de necesidad, porque son ilegales, porque no encuentran trabajo, etcétera, delinquen --que también los habrá--, sino de una tipología distinta, de una serie de personas que tienen un negocio ilícito o han montado una asociación ilícita para delinquir en otros países y que vienen expresamente a ello.
Creo que hay que examinar con muchísima prudencia las reformas que usted planteaba. Efectivamente, todo es mejorable y, por tanto, puede mejorarse el Código Penal y aquellos artículos que no se adaptan a la realidad actual, pero creo que primero habría que examinar si realmente los que aplican la ley --los jueces y los tribunales-- utilizan todas las potencialidades que la ley permite. Por ejemplo, usted proponía que se aplicara la pena en la tercera parte superior de su tramo para la asociación ilícita de tres o más personas para el robo, y precisamente la graduación de las penas las establecen los jueces, que son los que deben de interpretar la Ley. Si no le he entendido mal, lo que usted está proponiendo es que deberán imponer esa pena sin posibilidad de aplicar atenuantes o el propio criterio del juez en la aplicación de la ley.
Me interesa también conocer si ustedes han realizado estudios acerca de las zonas más inseguras, y me refiero ya a las autonomías; y, en su caso, por qué creen que algunas zonas son más seguras, si es que es verdad que unas son más seguras que otras. Esta cuestión está ligada a la actividad, los métodos y los sistemas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su coordinación con las policías autonómicas, en su caso. Por tanto, quisiera saber si existe una estadística sobre robos, pérdidas, etcétera, y zonas especialmente inseguras o en las que funcionan las mafias con mayor asiduidad que en otras en el tipo de establecimientos a los que usted representa y cuya voz es en estos momentos.
Por último, quería preguntarle acerca del Reglamento sobre metales preciosos a que antes ha hecho referencia, la actividad actual y la presunta obsolescencia de los reglamentos que rigen los montes de piedad y las casas de compra-venta. Quisiera conocer sus sugerencias para adquirir un mayor grado de seguridad y que los objetos en ellos depositados no sean admitidos sin las suficientes garantías de que no son robados. Quisiera saber también en qué medida se conoce que hay empresas
--no personas particulares, sino asociaciones-- que son poco escrupulosas al comprar este tipo de objetos depositados en un monte de piedad o casa de compra-venta que podrían proceder de robos.
Quizás estas cuestiones sean difíciles de conocer y de contestar. No obstante, me parece muy importante conocerlas para efectuar modificaciones legales, las cuales creo que siempre hay que considerar con muchísima prudencia aunque normalmente la sociedad suele ir por delante de ley. Quizás ustedes dispongan de datos para poder abordar las posibles reformas, si éstas se llegan a considerar oportunas desde el punto de vista legislativo.
Le reitero mi agradecimiento. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra la señora Tagliavía.

La señora DIRECTORA GERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (Tagliavía López): Gracias.
Su señoría ha expresado lo que parecía más una reflexión que una pregunta sobre si realmente nosotros creemos que hoy día existe mayor inseguridad.
Es evidente que hoy día hay una mayor inseguridad, pero eso no significa que en principio haya culpables. Significa que hay un cambio social y que ante ese cambio social hay que dar una respuesta. Y hay mayor inseguridad porque en el año 1994 empezamos a apreciar situaciones de inseguridad que distaban mucho de las de años anteriores, y si se observan las cifras de las pérdidas económicas que hemos señalado para los últimos cinco años, el 60 por ciento de las mismas corresponden a los dos últimos años. Por tanto, entiendo que hay mayor inseguridad y por eso planteamos en esta comparecencia la necesidad de reformas legislativas.
Me pregunta si tengo conocimiento de un incremento de pérdidas económicas en otros sectores. Ciertamente la

situación ha sido muy difícil para los distintos sectores. Desconozco la cuestión en el de antigüedades ya que, a pesar de que les hemos llamado, no hemos tenido respuesta, pero antes ya me refería al sector de peletería, a los estancos, las administraciones de loterías, las estaciones de servicio. Todos nosotros nos hemos reunido numerosas veces para saber qué es lo que podíamos hacer, y todos estos sectores han sufrido más inseguridad y más pérdidas económicas. Respecto a las antigüedades, el delincuente actual usted misma ha indicado que puede ser más profesional en el robo, pero no así en el conocimiento del valor de una obra de arte, y es más fácil acudir a aquello que se sabe que tiene un valor intrínseco.
Se ha referido también al fenómeno de la inmigración en relación a la delincuencia. No obstante, en primer lugar, y con referencia a las mafias colombianas y de los países del Este, he de decir que nosotros también estamos representando a empresas colombianas constituidas en España legalmente y que son muy honestas.
Dicho esto, en mi opinión, el fenómeno de la extranjería tiene tres apartados. Por un lado, están las personas que quieren cambiar su residencia y que normalmente no encuentran ningún problema, ya que cuentan con medios económicos suficientes. Por otra parte, están quienes realmente vienen a trabajar porque en sus países de origen no encuentran las mismas posibilidades. Y es evidente, porque lo he leído en los medios de comunicación, que la caja de la Seguridad Social tiene un superávit gracias a estas personas. No obstante, habría que abordar el tema de los expedientes de estas personas, porque si, teniendo una oferta de trabajo, se tarda un año en entregar un expediente, ¿qué empresario las va a contratar? Y les recuerdo las sanciones administrativas a las que tiene que hacer frente un empresario que contrate a un extranjero sin papeles.
En Madrid, que es la ciudad que mejor conozco, en la calle Bretón de los Herreros, expedientes que han entrado en el mes de octubre actualmente ni siquiera han sido registrados por un auxiliar administrativo. Por tanto, habrá que plantearse también esta situación, porque ¿qué salida tienen las personas --vamos a ponernos en su piel-- que no puedan trabajar ni en negro ni con un contrato si no tienen otros medios? Me temo que la respuesta es tan evidente que no tengo que plantearla.
Y, efectivamente, el tercer grupo es el que usted ha mencionado y ése es el preocupante. No son los emigrantes que vienen a trabajar, ni siquiera se trataría de esos otros pequeños fenómenos delictivos. Se trata de delincuentes que vienen a delinquir, que desde sus propios países tienen un conocimiento exhaustivo de dónde están las empresas, de cuánto pueden robar y de cómo tienen que hacerlo. Conocen la ley muchísimo mejor que muchos letrados. Saben que si llevan una pistola tendrán problemas y que si usan una maza no los tendrán. Cuando se cita a juicio a un extranjero, basta con que dé el domicilio de su abogado --no hay arraigo, no hay absolutamente nada-- y, a continuación, queda en libertad condicional. Y reiteradamente delinque.
Por tanto, claro que hay que abordar este tema legislativamente. No se trata sólo de la sensibilidad judicial. Además, me consta que los jueces y los fiscales necesitan también que la ley esté muy clara, quizás porque en España existe una tradición positivista respecto a la aplicación de la Ley. Pero ante la pena de un año de cárcel, lo normal es que queden en libertad provisional. ¿Y qué sociedad estamos construyendo si, ante la pena de un año de cárcel, todos quedan en libertad? Tiene que haber normas que rijan en una sociedad democrática. Y para ello entendemos que hay que hacer reformas legislativas. Habrá que hacerlas con prudencia, pero la prudencia no creo que sea contraria a la rapidez. Basta con estudiar el tema para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Me ha preguntado usted sobre si disponemos de estudios de las zonas más inseguras. Sí los tenemos y le voy a transmitir que esas zonas más inseguras han cambiado del año 2000 al 2001 porque, evidentemente, el delincuente va muchísimo más rápido que nosotros.
En el año 2000 la zona más insegura era Madrid, mientras que en el año 2001 Andalucía tiene un 37,08 por ciento de delincuencia y Madrid un 19,91 por ciento. Eso significa que dicho porcentaje de Madrid no es que sea inferior al año pasado, sino que estamos hablando de porcentajes conforme a unas cifras, y las cifras indican que Madrid ha subido en 300 millones de pesetas de pérdidas, pero ha descendido el porcentaje en relación con el resto de España.
La delincuencia no se mueve por administraciones autonómicas, sino que cuando baja en Madrid aumenta en otra zona. Quizá ocurre esto porque los efectivos policiales, la fiscalía o incluso la presión del colectivo joyero en esta Comunidad Autónoma hace que la delincuencia se traslade a otras Comunidades Autónomas y, en definitiva, vaya rotando.
En la actualidad Andalucía es la primera, después está Madrid, a continuación Valencia --que hace un par de años estaba muy por debajo--, Cataluña, Galicia y Baleares.
Las grandes asociaciones ilícitas transitorias están ahora mismo en Andalucía, en Madrid y en Valencia, pero pueden volver a rotar porque en un año ha cambiado.
En cuanto a si hay empresas poco escrupulosas, debo decirle que yo no estaría en esta realidad social ni viviría en el mundo si no entendiera que pudiera haberlas. Las desconozco porque, si las conociera, tenga la seguridad de que esta asociación las denunciara inmediatamente en un juzgado porque bastantes problemas tenemos con aquellos empresarios que son honestos y que tienen que vivir esta situación.
No obstante, habrá que regular o, al menos, ampliar los plazos para enajenar las piezas en las casas de compra-venta y montes de piedad, porque a mí me parece una actividad legítima, como cualquier otra en el comercio, pero habrá que aceptar esos plazos.
¿Cómo se pueden admitir con las suficientes garantías? Tradicionalmente los montes de piedad y las casas de compra-venta han cumplido con la labor de que las joyas, al menos en este país, han tenido siempre un valor, y cuando alguien tenía problemas de liquidez económica empeñaba sus piezas; por tanto, no entiendo que eso haya que suprimirlo.

Simplemente hay que asegurarse de que quien entrega una pieza con un DNI a continuación pueda llamar a la policía y preguntar si la pieza y el DNI pueden corresponder a alguien, es decir, comprobar que esa pieza no es objeto de un robo, porque si eso hubiera ocurrido con algunas piezas que nosotros conocemos, evidentemente no se habría enajenado y volvería a su legítimo propietario.
A veces reformas muy pequeñas logran muchísima efectividad y habría que estudiarlo.
Si se me ha olvidado alguna respuesta le ruego que me lo indique.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias a la señora Tagliavia por su asistencia ante esta Comisión y por la prolija información que nos ha proporcionado.
La intervención de esta portavoz va a ser necesariamente breve por muchas cuestiones. No obstante, no quiero olvidarme de felicitarle por la claridad en su exposición, aunque estoy convencida de que hubiera querido que no fuera tan explícita y tan rigurosa dado que lo que hace es reflejar un problema realmente grave y de unas dimensiones que los que no conocemos el ámbito en el que usted trabaja solamente podemos saberlo a través de los titulares de los medios.
Somos conscientes de que existe ese problema, pero tengo que reconocer que esta portavoz no habría sabido medir las dimensiones del problema y de los datos económicos que usted nos ha proporcionado, que son un mérito absoluto de su labor como profesional.
Tengo que ser breve también en mi intervención porque ha dado respuesta cumplida a un montón de dudas que yo misma hubiera podido plantear, y tampoco quisiera quedarme con esa idea de escepticismo a la que usted ha hecho referencia, pero creo que para ser sincera tengo que ser partícipe también de esa sensación.
Hemos hablado del problema de inseguridad. Creo que es algo evidente y que todos tenemos que ser sinceros y concluir con que está claro que esto exige una serie de medidas --algunas han sido apuntadas por la compareciente--. Sabemos que debemos articularlas, coordinarlas, ponerlas encima de la mesa, pero desconocemos cuál puede ser su alcance práctico.
Creo que hacen falta medidas legislativas, desde luego, aunque no sé si de las que usted ha hecho referencia con esa concreción. Asimismo, hace falta coordinación --a la que usted ha hecho referencia--, y no solamente entre las diferentes Fuerzas de Seguridad del Estado, que seguramente sea la más fácil de conseguir, porque yo creo que si todos son profesionales lo que quieren es realizar su trabajo de una manera efectiva.
Hay algo que también ha puesto sobre la mesa y que creo que es absolutamente ineludible, que es la falta de medios, y no tanto de personas que estén detrás o al frente de la investigación de estos delitos, sino medios económicos.
Han hecho referencia mis compañeros al tema de los juicios rápidos, y ha comentado que parece ser que van a ser una realidad dentro de poco. Por mi formación profesional --soy abogado-- comparto muchas de las situaciones a las que usted ha hecho referencia, pero quiero recordar que hace ya unos años en mi partido judicial --aunque soy de Irún teníamos que trabajar en San Sebastián cuando teníamos que estar de guardia-- había juicios rápidos que estuvieron funcionando no más de año y medio.
Eran en aquellos casos --estoy haciendo una referencia muy por encima-- en que se le atrapaba al delincuente en flagrante delito y él se avenía, porque la pena era inferior a un año. En estos casos automáticamente el juez tenía que dejarle en libertad, con independencia de que el juicio fuera a celebrarse tiempo más tarde. Si el delincuente al que se le había atrapado estaba de acuerdo con la pena que en ese caso el fiscal y su abogado defensor, que era el que estaba de guardia, habían fijado, se celebraba el juicio y la pena era firme. Creo que duraron año y medio o una cosa así.
Imagínese qué dificultades puede haber, aunque es una salida realmente importante para agilizar la mecánica judicial, para que esos juicios rápidos, en unos casos como los que usted ha mencionado, puedan ser una realidad.
Tenemos que tener en cuenta que incluso cuando el delincuente estaba de acuerdo en que se celebraran allí, por la zona de Donosti, duraron año y medio en la Audiencia Provincial, así que imagínese si toda esta retahíla de delincuentes o de individuos que son profesionales de la delincuencia, tal y como lo hemos visto, no están de acuerdo. Eso sin medios es imposible que se haga, por mucho que hagamos una reforma legislativa. Eso sobre la mesa es absolutamente inoperante.
Hay algo que creo que no solamente afecta a su sector o a aquellos sectores a los que usted representa, como los estanqueros, peleteros, los profesionales a los que usted viene también a representar hoy ante esta Comisión, que sí que estarían de acuerdo, sino a muchos otros, que es el tema no tanto de la multirreincidencia, sino de la multirreiteración.
Estoy pensando, por ejemplo, en los taxistas --también he tenido que bregar mucho con ellos--. En ese caso a lo mejor no es una delincuencia contra una actividad empresarial de una enjundia como la de ustedes; sin embargo, estoy convencida de que estarían también de acuerdo en que esa figura de alguna forma fuera introducida en nuestro Código Penal o en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No es nada fácil, porque me consta que ha habido estudios hace muchos años que la quieren introducir. El problema es cómo, y el segundo paso, una vez que se introduce, si es que así se decide, es qué hacer si no tenemos medios, qué hacer si no tenemos jueces, qué hacer si los palacios de justicia están absolutamente saturados, con una serie de retrasos en las causas. Es un tema muy complicado.
Yo no me quisiera quedar con el escepticismo, aunque tengo que ser escéptica porque lo he conocido desde el otro

lado de la barrera, pero sí quisiera, cuando menos, que todos nos quedáramos con unas palabras de esperanza, con un ánimo en el que si todos somos capaces de diagnosticar el panorama al que nos enfrentamos sabremos enmarcar una serie de prioridades, y una de ellas, desde luego, es dotar de medios económicos suficientes a todas y cada una de las administraciones y poderes públicos implicados porque, si no, esto no va a tener remedio.
Me quedo con el ánimo y no con el escepticismo y le tengo que reiterar las felicitaciones por tener las cosas tan claras y, cuando menos, ha podido abrir un poco los ojos de esta Senadora, no sé yo si para dar con la solución, pero sí para poner una piedra más en el camino.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Etxegoyen.
Tiene la palabra la señora compareciente.

La señora DIRECTORA GERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (Tagliavía López): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, a mí, que tengo una formación jurídica pero en absoluto soy penalista, hay algo que me asusta como ciudadana. Con la cortesía parlamentaria necesaria, voy a expresar lo que me asusta como ciudadana, y es que en los periódicos o en la televisión veo que se ha puesto en marcha una reforma legislativa que implica los juicios rápidos y después escucho en esos medios de comunicación que no hay suficientes fiscales.
Lo que en absoluto queremos es que nuestros planteamientos queden en papel mojado, y eso es lo que planteaba en mi intervención. Soy consciente de que en esta comparecencia no vamos a encontrar la sociedad perfecta; he planteado la necesidad de minimizar el problema, pero antes hay que superar la falta de medios. Entiendo que, en este caso, el Gobierno --y espero que con el consenso de la oposición-- debe plantearse si necesita invertir en este tema, y debe planteárselo porque quizá el costo social posterior sea muy superior. Es una cuestión que, lógicamente, corresponde a quien en la actualidad gobierna, por lo que le diría lo mismo a quien gobernara dentro de cuatro años. Hay que plantearse esta cuestión, la necesidad de que haya suficientes jueces, fiscales y abogados en el turno de oficio. Parece ser que las reformas legislativas implican que en la comparecencia inmediata del imputado tenga que estar el abogado, por lo que habrá que plantearse todo esto.
Como, lógicamente, no pretendo esa sociedad perfecta, creo que es necesario minimizar el problema, y entre esas reformas que hemos sugerido algunas se pueden plantear. Por supuesto que los atenuantes y agravantes, como decía antes la Senadora, se pueden seguir aplicando por parte de los jueces, pero ahora mismo, con el actual Código Penal, tienen unos tipos con los que se mueven. Ni siquiera hemos cambiado el marco de punición en el tipo, lo que hemos planteado es que, ante ciertos supuestos de hecho que se acomodan a ciertos tipos, tengan esa pena. No las hemos incrementado, porque parece bastante proporcional la pena que se establece en el actual Código Penal. La sociedad va rápida y habrá que establecer esas variantes.
Comparto su reflexión y, naturalmente, apelo al partido que sustenta al Gobierno para que tome el curso de esta situación que estoy planteando y estudie la inversión en medios.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Barranco.

El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venia, señor Presidente.
Vaya por delante mi agradecimiento a doña Giovanna Tagliavía por su presencia en esta Comisión, que no en esta Casa porque creo que ya ha venido más de dos veces a exponer los crecientes problemas del gremio y del sector que representa.
Creo que es bueno que en la tarde de hoy, a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, comparezca en presencia de todos los grupos. Es importante porque, dado el tiempo transcurrido y la grave situación, este sector, al igual que otros sectores de la población civil, reclama posiciones y respuestas concretas a los que tenemos responsabilidades políticas, evidentemente a distintos niveles. Hay que dar respuesta a un problema que la compareciente ha descrito perfectamente con datos que son suficientemente ilustrativos y demoledores y que me parecen de una extrema gravedad.
Quizá yo estoy un poco más sensibilizado en este tipo de cuestiones porque algunos años el 50 por ciento de este tipo de delitos, de pérdidas económicas, de atracos, de secuestros, etcétera, se ha producido en la Comunidad de Madrid. Pienso que es muy grave el dato que nos acaba de dar sobre que en el año 2001 se han duplicado algunas cifras que vienen denunciándose desde hace tiempo.
Desde el año 2000, cuando el gremio de joyeros y plateros tomó la decisión de ponerse en contacto con los grupos parlamentarios --recuerdo que lo hizo con el nuestro, pero estoy convencido de que también con el resto--, conocemos de primera mano la grave situación por la que atraviesan, y lo peor es que se ha ido agravando. Ha ido agravándose y no se ha dado ninguna respuesta, o para ser más preciso las respuestas que se han dado hasta el momento se han demostrado claramente insuficientes.
Me gustaría aprovechar la comparecencia de doña Giovanna para comentarle, aunque supongo que sus señorías lo recordarán, que algunos grupos sí fuimos sensibles a este problema hace ya tiempo. Precisamente, como consecuencia de su esfuerzo y trabajo y de las cartas y escritos que nos enviaron --recuerdo que recibimos en el 2000 dos o tres escritos suyos, y en los años siguientes más--, tomamos algunas iniciativas. En concreto, por ejemplo, una de las peticiones que nos hicieron en el año 2000 fue la de que presentáramos enmiendas para que en la Ley de medidas se habilitaran nuevos procedimientos técnicos para poder identificar la legibilidad de las marcas en el tema de los

rayos láser, etcétera, pero nuestro planteamiento fue rechazado en esta Cámara.
El problema en su conjunto y de forma global ha sido planteado en esta Comisión, como algunos de los Senadores y Senadoras recordarán, en la comparecencia del Director General de la Policía, el señor Cotino, y mi grupo también trasladó esta cuestión al Pleno del Senado. Lo lamentable es que hasta ahora no haya habido demasiadas respuestas concretas y poder constatar que esta situación, que ya era mala en el 2000, ha ido a peor.
Unas veces la situación más penosa se vivirá en Madrid y otras, porque según nos indicaba iba rotando, en Andalucía, fundamentalmente en Córdoba, ciudad con arraigo e historia para el gremio.
El caso es que el problema ha ido aumentando en los últimos tiempos de forma alarmante hasta tal punto que aquí, en Madrid, ha motivado la reunión de ese gremio --como usted mencionaba en su comparecencia-- con otros: el de perfumería, el de peleteros, etcétera, que sufren situaciones parecidas y que recientemente más de 18.000 comerciantes madrileños estén planteando medidas de otro tipo ante la situación que se está dando en nuestra Comunidad. Según los datos que tengo en relación con la Comunidad de Madrid, solamente en el año 2000 las pérdidas superaron los 4.000 millones de pesetas. Si incluimos al resto de los gremios, se superaron los 500 robos en la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. Según han reconocido los propios responsables del Ministerio del Interior, parece ser que en la Comunidad de Madrid actúan por lo menos siete bandas internacionales organizadas que atracan joyerías y comercios de los otros gremios a los que me acabo de referir.
Aprovechando su comparecencia, me gustaría hacerle algunas preguntas y, sobre todo, pedirle alguna precisión. Recuerdo que entre las recientes iniciativas y movilizaciones que hizo el sector se celebraron una serie de reuniones, en concreto a finales de 2001 tuvo lugar una ronda de conversaciones con los responsables políticos de las distintas administraciones en las que solicitaron ayuda tanto para poner fin a la situación de alarma como para remediarla de algún modo. Creo que se han reunido ustedes con responsables de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid y con las aseguradoras, y una de las sugerencias que ustedes ofrecían a los responsables del Ministerio --como, lamentablemente, se ha hecho en otras ocasiones-- fue la de contratar seguridad privada, o al menos lo de la contratación de seguridad privada se ha planteado en alguna de las reuniones que han tenido con los responsables de policía.
Me gustaría saber, primero, si están efectuando esa contratación de seguridad privada; si del coste inicial para hacer frente a eso, que su sector calculaba en 150 millones de pesetas anuales, han tenido algún compromiso de ayuda por parte de las administraciones implicadas, Administración central, Ayuntamiento o Comunidad Autónoma de Madrid; en qué situación se encuentra esa posibilidad de la seguridad privada que fue planteada y también acogida por parte de responsables del Ministerio del Interior y si eso se está poniendo en funcionamiento; también me gustaría saber si han tenido ustedes más reuniones con responsables políticos de ese Ministerio y si el siguiente consejo que les han dado es pagar a las mafias la protección para que les dejen de atracar, porque sería en esta lógica el siguiente paso que habría que dar, por lo cual ya me parecería extraordinariamente peligroso.
Conozco perfectamente, como usted lo acaba de señalar hoy, que en donde ustedes ponen el énfasis de muchas de sus reivindicaciones, además de en la situación económica, es en las reformas legislativas. Por cierto, si eso se lleva a cabo y al final los joyeros, los peleteros, perfumeros, etcétera, optan por la única salida de contratar vigilancia privada, me imagino que, como es evidente, cualquier comerciante repercutirá el aumento de los gastos en el producto, es decir, que eso lo pagaríamos al final todos, como es lógico, con lo cual nos encontraríamos con que los ciudadanos, en este caso madrileños, pero también de toda España, estarían pagando sus impuestos para que el Estado les garantizase un derecho esencial, como es la seguridad y, por otro lado, estarían pagando también impuestos indirectos debido al incremento de los costes de ese ejército de vigilancia privada que va aumentando en nuestro país. Además, ustedes se han tomado la molestia de enviarnos a todos los grupos estudios sensatos, rigurosos sobre este tipo de cuestiones, como usted acaba de recordar en esta comparecencia.
De la última reunión que al menos yo he tenido con su sector aquí en Madrid, con el Secretario General del gremio, con Armando Rodríguez, y con el Presidente, José Luis García, nosotros adquirimos el compromiso de llevar a la Mesa del Pacto por la Justicia varias cuestiones de las que ustedes reivindican, que plantean en sus documentos y que han vuelto a reiterar en la comparecencia de hoy: los juicios rápidos, que ya ha sido comentado esta tarde, pero también otros asuntos como la prisión preventiva o la reincidencia. Sin apuntar todavía las medidas concretas o las resoluciones, al menos se trataría de plantear en esa Mesa del Pacto por la Justicia la preocupación que existe no solamente en su sector, sino en otros sectores, y que muchos compartimos. Y no solamente habría que analizar la mejor manera de poner en práctica los juicios rápidos, punto en el que, parece, se ha avanzado más, sino que también hay que estudiar detenidamente la multirreincidencia, al igual que habría que estudiar muy seriamente que el inmigrante ilegal que además delinca hay que devolverlo a su país, y eso, repito, hay que estudiarlo, y nosotros nos hemos comprometido como Grupo Socialista a plantear ese tipo de cuestiones concretas, solicitadas por ustedes hace tiempo, en esa Mesa del Pacto por la Justicia porque creemos que ya es hora de que se den respuestas concretas también a lo que son las demandas y los planteamientos de su sector.
Quisiera terminar con una cuestión que me parece también de extraordinaria relevancia en este problema que estamos abordando porque, aun siendo de extraordinaria importancia las reformas legislativas, sin embargo también lo son las medidas policiales. No me voy a detener demasiado en puntos concretos relacionados con Madrid, aunque conozco casos directamente que son auténticamente sangrantes, desde familias secuestradas hasta propietarios de tiendas que se han ofrecido incluso a pagar la recompra de lo que les han robado, situaciones muy desesperadas, porque aquí nos encontramos ante un fenómeno, que usted

comentaba antes con gran delicadeza y bastante acertadamente, que es el fenómeno de la inmigración y el error en el que podemos caer mezclando ambas cosas. En esa dirección que usted apuntaba también quiero diferenciar muy claramente lo que es el fenómeno y el problema de la inmigración con lo que es el fenómeno y el problema de las bandas internacionales que vienen organizadas de origen, ya sean colombianos, ya sean albano-kosovares, ya sean del Ecuador, ya sean de donde sean, que vienen organizados no solamente desde el punto de vista logístico u operativo, sino que tienen sus equipos de abogados, etcétera, y que están actuando con bastante impunidad. El hecho de que la propia Policía reconozca que aquí en Madrid hay siete bandas internacionales operando en este gremio, además fundamentalmente de que ustedes son las víctimas, me parece que es un dato suficientemente relevante. En ese sentido, de la misma manera que hay que elaborar una serie de medidas legislativas y buscar el consenso de todos los grupos políticos --nosotros ya hemos tomado esa iniciativa en esa dirección para discutirlo en esa Mesa del Pacto por la Justicia, que le comentaba antes, y espero que se pueda llegar a acuerdos y entendimientos con el resto de los grupos de cara a promover esas medidas legislativas--, también hay que hacer una llamada de atención muy seria a los responsables del Ministerio del Interior sobre el funcionamiento de estas bandas internacionales, que no del problema de los inmigrantes, que es otra cuestión completamente distinta, porque estoy convencido de que la mayoría de los inmigrantes que hay en España vienen honradamente a ganarse el pan de sus familias y serían los primeros en agradecer que supiéramos diferenciar y tomar medidas concretas con estas mafias que vienen organizadas de origen y que tanto daño están causando.
Me preocupa --lo ha dicho usted también y yo solamente quiero reiterarlo-- que de un tiempo a esta parte las brigadas de investigación se estén desmantelando o no cuenten con los medios suficientes para poder hacer frente a esta situación de operatividad de estas bandas internacionales que operan en nuestro país en su sector y desgraciadamente en otros muchos más. Aquí fundamentalmente es el partido que está gobernando en este momento el que tendría que dar respuestas concretas a una situación que dura ya demasiado tiempo y que en Madrid está alcanzando ya ribetes de extrema gravedad.
Yo solamente quisiera terminar mi intervención reiterándole que, de la misma manera que hasta ahora hemos estado en contacto con ustedes, y concretamente con la organización aquí en Madrid, el Grupo Socialista tanto del Congreso como del Senado sigue a su entera disposición para plantear todo este tipo de iniciativas con la voluntad de buscar acuerdos y consensos con el resto de las fuerzas políticas y, eso sí, pidiendo también que el que está gobernando asuma claramente su responsabilidad de una vez en este tipo de cuestiones.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barranco.
Señora Tagliavía, tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (Tagliavía López): Muchas gracias, señor Presidente.
Comparto totalmente las reflexiones que haya podido realizar, pero quiero diferenciar porque normalmente todavía en este país quizás el hecho de que formemos parte o de que en Madrid estemos en la capital del Reino a veces nos equivoca. Es decir, los que se han reunido con la Comunidad de Madrid evidentemente han sido representantes sólo de la autonomía de Madrid. Por lo tanto, no le puedo contestar al hecho de si sugirieron que contratáramos seguridad privada porque jamás he estado en esas reuniones y lo desconozco. Sí sé que el gremio de Madrid ha pedido o que hay una serie de profesionales de la joyería que ha contratado seguridad privada.
Quiero mencionarles que cuando hablamos de la joyería --por eso antes indiqué que era un sector muy desconocido-- no estamos hablando de la joyería de Serrano en Madrid, de la joyería de Paseo de Gracia en Barcelona o de la joyería de Colón de la Larrategui en Bilbao, estamos hablando también de la joyería de Manoteras de Madrid y estamos hablando de las joyerías de muchos barrios periféricos, es decir, joyerías que tienen entre las cosas más baratas pendientes de 3.000 pesetas para niño a cosas de 15.000 pesetas. Por lo tanto, no todo el mundo --yo estoy aquí creo que con la voz clara de todo el mundo-- puede contratar seguridad; podrán contratarla ciertos comerciantes que lógica y legítimamente tienen que defenderse, o sea, que no es una postura.
La postura de la Asociación Española de Joyeros, que es la que representa aquí al sector en el ámbito de todo el Estado español y no de Madrid, es que éste es un cometido del Estado, de los poderes públicos; en absoluto tiene que ser un cometido de la seguridad privada. Pagamos nuestros impuestos y entendemos que el Estado en todas sus instituciones, en todas los órdenes, desde la Policía, la Judicatura, la Fiscalía hasta las Cortes Generales deben defender una sociedad democrática donde se respeten los derechos de los ciudadanos.
Antes entendíamos como algo lógico desde una conducta personal que un individuo que venía de fuera y que no tenía papeles y tardaba un año en conseguirlos, hiciera lo que pudiera para comer; otra cuestión es que un joyero haga lo que pueda para protegerse, pero como representante del sector lo que nosotros demandamos es que realmente haya una respuesta de los poderes públicos, al margen de que sea totalmente legítimo que se contrate seguridad privada por quien tiene miedo, y, aun así, no ha logrado disuadir. Hace muy poco ha salido en televisión la noticia de que en una famosa casa de subastas de un joyero tradicional --cuyo nombre se puede decir, pero no lo voy a hacer porque se está transcribiendo-- que tenía su vigilante y su seguridad privada contratada, le han sustraído todo a mazazos. Hay medidas de seguridad, que nosotros también estamos obligados administrativamente a tener, que sirven para disuadir, pero no siempre se consigue este efecto.
Como ha hablado de Madrid, le congratulo, porque el porcentaje de robos ha descendido a un 25,47 por ciento.

Cuando ha hablado de pérdidas de 4.000 millones de pesetas supongo que se referirá a todos los sectores en conjunto. Afortunadamente, en el año 2000 han sido de 724 millones en Madrid y le sigue la comunidad valenciana. Este fenómeno es el que me gustaría tratar.
Yo sé que muchos de ustedes, por su relación territorial con el sector, tienen el problema examinado territorialmente, pero después, en el conjunto del Estado español, las pérdidas son las mismas. Una zona que era propicia a que no hubiera absolutamente nada era Galicia y se ha producido un incremento importantísimo. Las cifras varían y, en consecuencia, les ruego que tengan en cuenta esas cifras totales. En cualquier caso, comparto que son los poderes públicos quienes tienen que plantear soluciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barquero.

El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora Giovanna Tagliavía por comparecer en esta Comisión del Senado --nos honra con su presencia-- y por su importante e interesantísima intervención porque realmente ha hecho un análisis objetivo y ajustado de la grave situación por la que atraviesa el sector comercial al que ella representa en este momento. Yo conocía, por alguna entrevista que hemos mantenido en el Senado, la situación del sector. En nombre de mi grupo parlamentario, en su momento he hecho llegar al Gobierno algunos planteamientos sobre esta situación.
En algunos casos he tenido respuesta, en otros casos, como en el asunto de las marcas, de sustituir el punzón por láser, la respuesta, como ha indicado el Senador Xuclà, ha sido negativa, yo creo que momentáneamente negativa. Ese es un tema que puede tener solución en un futuro próximo, me parece acertado que se insista en él, nosotros lo haremos desde el Grupo Parlamentario Popular del Senado, se lo prometo, no sé si conseguiremos el resultado que desearíamos obtener, pero sí la gestión, se lo prometo. Nosotros le animamos a que usted y otros miembros de la asociación sigan insistiendo en el tema de la marca, no me voy a referir más a él porque creo que es una cuestión técnicamente posible y la relación costo-seguridad es lo que hay que medir, el aumento de costo y el aumento de la seguridad es lo que hay que medir, y la posibilidad, por tanto, de que joyas recuperadas puedan ser entregadas a su legítimo propietario.
Quiero hacer algunas reflexiones y recordar las que ustedes hacían en la introducción general a la problemática del sector, porque realmente creo que aciertan en el diagnóstico. Ustedes decían en el año 2000 que una exclusiva actuación policial no puede disminuir la grave situación que atraviesa este sector, se precisa una mayor sensibilidad judicial. Y yo digo que esa mayor sensibilidad judicial no depende sólo de las modificaciones legales, por eso le doy mucho valor a esta expresión suya.
Una mayor sensibilidad judicial va más allá de lo que es la literalidad de la ley porque se refiere, lógicamente, a su interpretación y aplicación.
Decían ustedes que las medidas de seguridad de los establecimientos e industrias de joyería no son suficientes para asegurar que los empresarios no sean objeto de delitos, de hecho durante 1999 y en el primer semestre del año 2000, siete profesionales o sus familias han sido retenidos con el fin de cometer un delito contra su propiedad.
Usted hacía mención a que hay una delincuencia organizada, sofisticada y que, además, importa métodos propios y actúa con una especial sevicia y violencia en la comisión del delito. Por eso estos temas están más allá de lo que pueda aportar la seguridad pública o la seguridad privada.
Decían ustedes también que, a efectos informativos, a menudo observamos la escasa aplicación de la prisión preventiva, el argumento relativo a la insuficiencia de pruebas, la puesta en libertad de condenados en períodos inferiores a la mínima pena prevista en el Código Penal, entre otras cuestiones, y a las que haré alguna referencia más adelante en mi intervención.
Como conclusión de las reuniones mantenidas con la Policía, se observa
--decían ustedes-- una tipología en relación con la autoría. Las cifras económicas más relevantes son procedentes de delincuentes organizados que saben exactamente cómo vulnerar la ley.
Y cito esta última frase: Cabría expresar que no se trata de un problema típico de seguridad ciudadana, como cotidianamente se entiende, sino de una delincuencia profesional y dirigida a un sector económico de la sociedad, cuyas consecuencias, en lo que es el atentado contra la propiedad, son más significativas, puesto que el tipo de producto que se les arrebata es muy costoso, y además es el que está todos los días allí, no es la caja de un día, es el producto comprado con el esfuerzo de mucho tiempo.
Dicho esto, y estando plenamente de acuerdo con estas observaciones que ustedes han hecho, me gustaría hacer algunas consideraciones. Yo creo que hay una serie de factores --voy a señalar sólo alguno-- que explican el fenómeno del incremento de la delincuencia. Se ha hablado de la inmigración, y no quiero repetir lo que han dicho otros grupos, pero quiero ser más preciso.
Al hablar de estos temas, no se puede confundir la inmigración con las mafias organizadas procedentes de otros países. Yo a eso no lo llamaría inmigración. Pero dentro de la inmigración está el fenómeno de la inmigración ilegal, y cuando hablamos de la inmigración ilegal podemos hablar de personas que se han introducido en este país no con malas intenciones, pero la necesidad obliga, lógicamente, por lo que pueden ser atraídos por estos grupos, por estas mafias, y dedicarse a las actividades delictivas. Sabemos que el inmigrante que viene legalmente, que puede, por tanto, tener un trabajo, es el que no delinque. Pero no nos referimos a ese inmigrante, nos referimos a la inmigración ilegal, que sí tiene una incidencia clara en el delito. Las cifras no nos pueden llevar a equivocación. Es conveniente decirlo con claridad para atajar el problema de raíz y evitar xenofobia, porque está sucediendo en los países de nuestro entorno. Estamos viendo el ejemplo de Francia, el de Holanda, país donde la tolerancia es secular, donde la tolerancia ha sido el signo de identidad desde las épocas de la modernidad.

Digo que los datos no fallan, en 1997 los detenidos por infracciones penales españoles eran el 84,97 por ciento, y los extranjeros el 15,3, y en el 2001, los españoles son el 71,52 y los extranjeros el 28,48.
Actualmente --se ha puesto de manifiesto recientemente por parte del Presidente del Gobierno-- el 89 por ciento de los presos preventivos en España son extranjeros. ¡Qué se le va a hacer! Eso es así. Pero habrá que atajarlo, y deberá hacerse sin pudor de ningún tipo, con todo el sistema garantista judicial y penal que se quiera. Pero eso es una obviedad. Hay que ser claro, y lo que estoy diciendo es un antídoto contra la xenofobia social. Lo demás supone engañarnos y alimentar la xenofobia futura.
Por otra parte, a todo esto hay que añadir nuevas actividades, nuevos tipos de organización delictiva, la proliferación de organizaciones internacionales, su especialización y organización, la utilización de nuevas tecnologías, nuevos autores, en ocasiones, una criminalidad endogámica, o la reincidencia múltiple, de la que aquí se ha hablado. A este respecto, existe una tasa de reincidencia denunciada por el Cuerpo Nacional de Policía que cabe situar en el 64,8 por ciento, es decir, de cada 100 detenciones, 64,8 recaen en personas que ya fueron detenidas.
También quiero resaltar --y lo que voy a decir no es disculpa ninguna para lo que sucede en España-- que el aumento de nuestros actuales índices de criminalidad es superado por otros países de nuestro entorno.
Por ejemplo, en el Reino Unido ha aumentado un 26 por ciento. En Italia, durante los seis primeros meses de 2001, últimos datos de que dispongo, los delitos contra la propiedad --robos y hurtos-- aumentaron el 96 por ciento. En Francia están en unos niveles semejantes a los nuestros --¡que ya está bien!--. Y en Bélgica y Holanda en 2001 también han subido de forma importante los delitos contra la propiedad respecto del año 2000.
En cuanto a las medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar más allá del ámbito de una política estrictamente policial, es decir, medidas ajenas al Ministerio del Interior, algunas, se van a aplicar, y otras, están en estudio. En lo que respecta a las de índole legal penal, están el endurecimiento de las penas para determinados ilícitos penales, la tipificación del grupo organizado, la reforma de la tentativa y la consideración de la multirreincidencia. En cuanto a las de ámbito penal procesal, se encuentran la extensión de juicios rápidos y la aplicación con mayor rigor de la prisión provisional y del embargo preventivo de bienes. Por lo que se refiere a las medidas de ámbito social, tenemos medidas en relación con los inmigrantes en situación irregular y la agilización de los mecanismos que permitan la expulsión de extranjeros delincuentes.
En su última intervención en relación con una interpelación sobre la seguridad ciudadana, el Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno decía en el Senado que se había dirigido al Fiscal General del Estado para que las personas extranjeras que cometan delitos en España sean expulsadas del país. En este sentido, quiero significar que los partidos firmantes del Pacto de Estado para la modernización de la Justicia presentarán una proposición de ley para implantar juicios rápidos que atajen la reincidencia --por cierto, como ha salido el tema, aludo a ello: se amplían, lógicamente, las plazas de fiscal--, de modo que se puedan juzgar en menos de 15 días delitos y faltas de violencia doméstica y contra la propiedad. Esta es la parte del Pacto de Estado por la Justicia que más incidencia puede tener en la seguridad ciudadana. La propia exposición de motivos de esa proposición de ley se hace eco de la notable preocupación social que provoca la reiteración de conductas delictivas por los mismos sujetos y del hecho de que los retrasos en la sustanciación de los procesos penales sean aprovechados en ocasiones por los imputados para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial. La reforma irá acompañada de una memoria económica para mejorar los recursos humanos y los medios materiales necesarios que en estos momentos se valora en un millón 800.000 euros, y supondrá además la modificación del orden de 60 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se han hecho algunas valoraciones --y con esto termino, señor Presidente-- sobre propuestas no admitidas en esta Cámara. Por respeto a la compareciente no quiero entrar en un debate ni culpabilizar a nadie. A veces, ante este tipo de situaciones no tenemos que culparnos a nosotros mismos, sino pensar que, si la sociedad va por delante de la política y del Estado, la delincuencia todavía lo va mucho más. Por ejemplo, hay formas de delincuencia que no fueron previstas cuando se aprobó el Código Penal llamado de la democracia. Dicho Código ha sufrido siete reformas desde 1995, y en el Senado, mi grupo parlamentario, entonces en la oposición, presentó más de 500 enmiendas, que fueron rechazadas una a una. Algunas de esas enmiendas incidían en la suspensión de ejecución de penas privativas de libertad, es decir, en lo que antes se llamaba la remisión condicional de la pena. Así, por ejemplo, el artículo 80 del Código Penal de la democracia establece que se pueden dejar en libertad a delincuentes condenados a una pena privativa de libertad inferior a dos años. Nosotros defendíamos que la pena no fuera superior a un año, y el tiempo nos ha dado la razón. (El señor Rojo García: Cambiarlo.) Y eso, en el contexto global del nuevo Código Penal, en el que se rebajaban por regla general todas las penas.
También se ha aludido aquí a la prisión preventiva. Pues bien, ésta tiene una enorme dificultad.
Para decretar la prisión preventiva se necesita que se cumplan inexcusablemente tres requisitos. Primero, que la pena susceptible de imponer por el delito motivo de la detención sea superior a tres años de cárcel. Segundo, que exista un riesgo real de fuga. Y tercero, que el fiscal pida al juez la prisión. Repito que si no se dan esos tres requisitos no se puede meter a nadie en la cárcel de forma preventiva. Y así, resulta que personas detenidas en un solo año más de cien veces por delitos de hurto --y no sólo carteristas, porque también se dan casos de delitos de robo con violencia-- difícilmente acaban en prisión preventiva.
El Pacto por la modernización de la Justicia exige que ésta se ponga al servicio de los ciudadanos, dificultando el delito, y demostrando que el delincuente debe pagar proporcionalmente

por su delito. Lógicamente, el Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno, y éste mismo quieren que eso se haga con el mayor consenso posible. Así pues, hay que deshacer lo andado y modificar una serie de leyes, cuyo contenido nosotros quisimos que fuera distinto en el momento mismo en que se aprobaron. Porque, independientemente de otras circunstancias, hoy estamos pagando las consecuencias de un sistema penal excesivamente lenitivo y en exceso garantista, y con esto quiero decir que es garantista en detrimento de las víctimas y en favor de los delincuentes. Eso no es garantismo, señorías.
Sólo me resta agradecer su presencia hoy aquí, señora Tagliavía, y manifestarle que mi grupo parlamentario queda a su disposición para cuantas veces ustedes quieran tener un cambio de impresiones con nosotros o hacer llegar sus iniciativas a este grupo, si lo tienen a bien.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barquero.
Para finalizar esta comparecencia, tiene la palabra la señora Tagliavía.

La señora DIRECTORA GERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (Tagliavía López): Gracias, señor Presidente. Sé que esta comparecencia tenía como límite las seis de la tarde, y ya se ha excedido ese tiempo.
Señoría, comparto muchas de las cosas que usted ha dicho. Entiendo que para evitar la xenofobia lo mejor sería que no existieran delincuentes procedentes de otros países, porque a veces no se puede analizar ese problema en su conjunto.
En cuanto a los requisitos de la prisión preventiva, precisamente lo que nosotros estamos pidiendo es que se modifiquen legislativamente esos requisitos con el fin de que se pueda aplicar.
Y, debido a mi formación jurídica, permítame que le diga que me enseñaron que uno debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia. Esa es la diligencia que se le exige jurídicamente a una persona. Por tanto, si en Europa y en España cambian las circunstancias al existir una gran afluencia de extranjeros hacia estos países, según la diligencia de un buen padre de familia se tendría que actuar otorgando los medios necesarios para hacer frente a ese fenómeno o corrigiendo aquello que esté mal. Es lo único que puedo decirle al respecto, ya que usted pertenece al grupo parlamentario que ostenta la mayoría absoluta.
Quisiera, por supuesto, agradecer a todas sus señorías la atención que me han prestado. Cuentan con nosotros siempre que nos necesiten.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tagliavía. Estoy seguro de manifestar el sentir de todos los grupos al reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia hoy aquí, así como su colaboración y sus aportaciones, que sin duda serán de mucho valor para todos.
Se suspende la sesión durante tres minutos. (Pausa.)

La transcripción es textual.